Kellys Unión Sevilla

Asociación de Camareras de Piso

Noticias políticas

Respuesta del Defensor del Pueblo, D. Francisco Fernández Marugán a la Plataforma Estatal.

En respuesta a nuestra carta:

EEC-TSG-ABM Nº Expediente: 20009789 

Estimada Sra.: 

Se ha recibido en esta institución la información solicitada del Ministerio de Trabajo y Economía Social, sobre su queja registrada con el número arriba indicado. 

En dicho informe el Ministerio de Trabajo y Economía Social comunica lo siguiente, que se trascribe en su literalidad para su mejor conocimiento: 

«En contestación a su escrito de 21 de mayo de 2020, en relación a la solicitud de intervención por parte de esa institución presentada por la Plataforma Estatal de Camareras de Pisos (PECP), en la que indicaban que muchas de las personas contratadas eventualmente en los hoteles fueron dadas de baja por finalización de contrato en las fechas anteriores a la declaración del estado de alarma al descender considerablemente la actividad hotelera, por lo que no pudieron beneficiarse de las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo reguladas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, ni acceder a otras prestaciones al carecer de las cotizaciones necesarias, le informamos lo siguiente: 

a) En el periodo previo a la declaración del estado de alarma, igual que inmediatamente después, los contratos temporales de este o de cualquier otro sector, ya sea a través de empresas ordinarias ya sea a través de empresas de trabajo temporal, tienen una estricta naturaleza causal y excepcional, de donde se deriva que es una forma contractual no libre, ya que para su concreción no basta solo con el concurso de voluntades, sino que es preceptiva la presencia de alguna de las causas legalmente determinadas. 

Este principio de causalidad como eje de la contratación temporal determina asimismo las causas de terminación, descritas en el artículo 49.1.c) ET y en el Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el 1 de 5 que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada, de manera que la extinción “ante tempus” de un contrato temporal por circunstancias distintas de las descritas haría necesario el recurso, con arreglo a su régimen jurídico, de la causa de extinción invocada, artículo 51 o artículo 52 c) ET, si de causas económicas, técnicas u organizativas se trata o incluso una fuerza mayor obstativa pre Covid-19. 

Los contratos temporales, sin perjuicio como decimos, de otras causas que deben satisfacer sus propios requisitos, se extinguen por la expiración del plazo o por la completa realización de la obra o servicio que constituye su objeto. En el caso de que no concurriera causa temporal justificativa de la contratación temporal en los términos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores, las personas trabajadoras tienen la posibilidad de reclamar por despido improcedente o nulo. 

b) En todo caso es de subrayar dos aspectos normativos concretos en el ámbito laboral: 

1º) La definición de la causa mayor vinculada a la Covid-19 establecida en el artículo 22.1 del Real Decreto-ley conforme al cual se consideran provenientes de fuerza mayor temporal con los efectos previstos en el artículo 47.3, que remite al artículo 51.7, ambos del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, las suspensiones y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad ocasionadas por el Covid-19, incluida la declaración el estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados. 

2º) Las previsiones recogidas en el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados de la Covid-19. 

Entre otras: 

– Que las causas a las que se refieren los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no pueden entenderse como justificativas de la extinción de los contratos de trabajo. 

– La interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales, que persigue garantizar que estos puedan desplegar plenos efectos, en cuanto a la prestación de servicios, la formación que llevan aparejada y la aportación a la actividad empresarial, durante el tiempo inicialmente previsto, de forma tal que la situación de emergencia generada no prive a la empresa de su capacidad real para organizar sus recursos. 

Finalmente, en relación con la recomendación de que “se estudie la situación en que se encuentran estas trabajadoras del sector de la hostelería y se valore la procedencia de introducir medidas que mejoren su marco de protección frente al desempleo”, informamos a esa Institución que el Ministerio de Trabajo y Economía Social está reuniéndose con las asociaciones representativas del sector y llevando a cabo los estudios imprescindibles para realizar una valoración sobre la situación laboral de este sector de actividad a efectos de mejorar sus condiciones de trabajo lo que requiere, en todo caso, informes cuantitativos y económico-presupuestarios que afectan a diversos Ministerios, siendo por tanto una decisión del Gobierno en su conjunto que este Ministerio está impulsando». 

Del informe recibido puede colegirse que el Ministerio de Trabajo y Economía Social no ha considerado, al menos hasta el momento, dar un tratamiento diferenciado a las camareras de pisos contratadas mediante contratos de obra o duración determinada respecto de la generalidad de los trabajadores contratados mediante esta modalidad contractual (temporal) en otros sectores de actividad, en lo referente a las medidas excepcionales adoptadas para paliar las consecuencias derivadas de la limitación de movimientos y de actividad ordenadas durante el estado de alarma declarado mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

La regulación de aspectos como los que señala en su escrito se enmarca en el ejercicio de la iniciativa legislativa que corresponde ejercer al Gobierno (artículo 88 de la Constitución) y en el desarrollo de sus funciones ejecutivas (artículo 97 de la Constitución). 

3 de 5

En el ejercicio de las potestades ejecutivas la Administración goza de discrecionalidad para optar por una concreta regulación de la materia, de entre las distintas posibilidades constitucional y legalmente admisibles. 

Esta institución viene poniendo de manifiesto en los sucesivos informes que eleva a las Cortes Generales su preocupación por la precariedad laboral que afecta a muchos trabajadores en nuestro país. Como se señala en estos informes, la alta tasa de empleo temporal obliga al Gobierno, administraciones públicas, agentes sociales con competencias en materia de empleo y a la sociedad en su conjunto a hacer un esfuerzo por la creación de empleo estable y suficientemente remunerado, que permita a los trabajadores atender sus necesidades y las de sus familias, cumpliendo así el mandato que enuncia el artículo 35 de la Constitución. 

La especial incidencia de la temporalidad en la contratación de las camareras de pisos y de la subcontratación del servicio determinó a esta institución a iniciar estas actuaciones. Como les indicamos en nuestra anterior comunicación, esta institución se dirigió al Ministerio de Trabajo y Economía Social a los efectos de que se examinara su reivindicación. No obstante, debe incidirse en que no cabe apreciar que la regulación adoptada en el marco de las medidas excepcionales aprobadas para paliar las consecuencias de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 en lo que se refiere a este concreto sector de actividad sea contraria a la legalidad vigente o vulnere derechos y libertades fundamentales, únicos supuestos que podrían amparar la continuidad de las actuaciones de esta institución. 

Ha de indicarse además que de conformidad con las exigencias constitucionales, los sucesivos reales decretos-leyes dictados por el Gobierno por razón de la extraordinaria y urgente necesidad de paliar los efectos de la pandemia han de ser sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, en el plazo de 30 días, que habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación. Durante ese plazo pueden tramitarse como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. 

No puede dejar de recordarse que los cometidos que corresponden al Defensor del Pueblo se refieren a la supervisión de la actividad de las administraciones públicas, sin que, por el contrario, se cuente entre las facultades que tiene atribuidas la de intervenir ante el poder legislativo para cuestionar la regulación que se haya dado a una materia en una norma con rango de ley, ya que ello supondría una intromisión en la potestad legislativa que corresponde a las Cortes Generales, como órgano de representación de la soberanía popular, a iniciativa del Gobierno, el Congreso o el Senado. EC-TSG-ABM Nº Expediente: 20009789 

DEJA UNA RESPUESTA

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *